El femicidio de Agostina Vega nos golpea profundamente. No solo por la brutalidad del crimen y porque la víctima tenía 14 años, sino porque vuelve a evidenciar una realidad que se repite: las niñas y jóvenes de sectores populares están más expuestas a la violencia y menos protegidas por el Estado, que en general llega tarde.
Agostina vivía en General Mosconi, uno de los 172 barrios populares de la ciudad de Córdoba. La justicia demoró más de 80 horas en solicitar el Alerta Sofía, cuando el protocolo exige su activación antes de las 72 horas. Esa demora no es un dato menor, es una pregunta incómoda pero fundamental sobre quiénes son consideradas urgentes en este país. ¿Con qué rapidez se activan los protocolos cuando la desaparecida es una adolescente de un barrio popular? ¿Con qué sensibilidad se escucha a su familia?
Ser mujer en un barrio popular implica nacer en la intersección de múltiples desventajas que el Estado no solo no compensa, sino que profundiza con su ausencia. En los más de 6.400 barrios populares del RENABAP viven 5 millones de personas: el 92% sin agua potable, el 66% sin acceso formal a energía eléctrica, el 97% sin red cloacal. El 87% de las mujeres en esos barrios son responsables de hogar y solo el 31% tiene trabajo con ingresos. Casi 7 de cada 10 hogares monomarentales están por debajo de la línea de pobreza. La feminización de la pobreza es una realidad concreta: son las mujeres quienes sostienen mayoritariamente los hogares más empobrecidos, quienes cargan con las tareas de cuidado, quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a ingresos dignos y quienes suelen estar más expuestas a múltiples formas de violencia. Esa precariedad condiciona la seguridad, la movilidad y las posibilidades reales de pedir ayuda y ser escuchada. Cuando la violencia de género se cruza con la pobreza, las desigualdades se acumulan.
Desde TECHO trabajamos hace más de veinte años junto a comunidades de barrios populares y sabemos que la violencia no ocurre en el vacío. Se desarrolla en territorios atravesados por desigualdades históricas, donde la ausencia de infraestructura, de servicios básicos y la falta de presencia estatal profundiza las vulnerabilidades existentes. Los barrios populares no son responsables de estas violencias, pero una vez más aparecen como el escenario donde se depositan las ausencias y las heridas más profundas de nuestra sociedad.
En estos días, una vecina del barrio Ampliación Nuevo Ferreyra nos escribió para decirnos que desde que encontraron el cuerpo de Agostina no puede dejar de pensar en su propia hija, que llegó a considerar renunciar a su trabajo para no dejarla sola. Su mensaje hablaba del miedo concreto de quienes saben que, si algo les pasa a sus hijas, el Estado puede no llegar a tiempo. Cuando ocurre un femicidio como este, no se rompe solo una familia, se quiebra la sensación de seguridad de toda una comunidad.
Este 3 de junio se cumplen once años de la primera marcha del #NiUnaMenos. Once años de una consigna que sacudió a la sociedad argentina y que sigue siendo necesaria porque los femicidios no se detienen. No hay manera de construir una sociedad más justa si no es con igualdad de género real, y esa igualdad no puede existir mientras haya territorios donde las mujeres enfrentan la violencia desde la precariedad y el abandono.
Las políticas de cuidado se construyen con barrios integrados, con servicios básicos, con iluminación, con espacios públicos seguros, con instituciones presentes y con una justicia activa. Porque la desigualdad urbana es una forma de exclusión que amplifica otras violencias. Las niñas y mujeres que viven en los 172 barrios populares de Córdoba no necesitan menos protección estatal por vivir donde viven. Necesitan más, porque enfrentan más. Agostina merece justicia. Su familia merece verdad. Y todas las niñas de los barrios populares merecen saber que su vida vale exactamente lo mismo. No aceptamos que haya vidas cuya desaparición deba esperar. La pregunta que queda es una sola: ¿cuánto más vamos a esperar antes de que el Estado asuma que el abandono también mata?
Ayelen Cabaña- Directora General TECHO – Córdoba.
Camila Zanoni – Directora Nacional de Comunicación de TECHO – Argentina
Gisella Gazzotti – Directora Nacional de Incidencia y Coordinadora del Comité de Género de TECHO – Argentina