Un estudio del Centro para la Integración Sociourbana (CISUR) revela que quienes habitan barrios populares mueren en promedio 11 años antes que el resto de la población. A esto se suma que 7 de cada 10 barrios populares en Argentina están expuestos a riesgos ambientales como inundaciones y microbasurales.
Mortalidad y desigualdad socio-urbana
El Centro para la Integración Sociourbana publicó un estudio que expone una brecha brutal: mientras la edad promedio de fallecimiento de la población nacional es de 71,6 años, en los barrios populares cae a 60,6 años, es decir, 11 años menos de vida.
La desigualdad se agrava al mirar la mortalidad en edad activa (15 a 64 años): en barrios populares representa el 47,7 % de los fallecimientos, frente al 22,2 % en la población general.
Asimismo, la presencia de adultos mayores se reduce drásticamente: solo el 2,6 % de la población de estos barrios tiene entre 65 y 79 años (contra 9,1 % a nivel nacional) y los mayores de 80 apenas alcanzan el 0,3 %, frente al 2,6 % del promedio nacional.
Desigualdad climática en barrios populares
A esta desigualdad estructural se suma la ambiental. Según el informe “Desigualdad climática en barrios populares: factores de riesgo ambiental en la crisis habitacional de Argentina” elaborado por TECHO alrededor del 48 % de los barrios populares analizados se encuentran en zonas inundables y un 34 % convive con microbasurales activos.
En un de total 6.467 barrios populares:
– 7 de cada 10 barrios están expuestos a riesgos ambientales.
– 5 de cada 10 se ubican en zonas inundables.
– 3 de cada 10 conviven con microbasurales.
– 97 % no tiene cloacas.
– 92 % carece de agua corriente.
– 66 % no tiene energía eléctrica segura.
Estas condiciones multiplican los riesgos frente a lluvias fuertes, olas de calor y fenómenos extremos: las viviendas carecen de infraestructura adecuada, los barrios no cuentan con drenajes, espacios verdes o servicios básicos formales, y las familias viven expuestas a emergencias sanitarias permanentes.
¿Por qué importa?
Los datos de CISUR y TECHO muestran que los barrios populares no solo padecen pobreza económica, sino un doble castigo: menor promedio de vida y mayor exposición a los efectos de la crisis climática. La “vejez desaparece” en estos territorios porque las condiciones estructurales impiden que las personas alcancen edades avanzadas.
Esto no es una sentencia de muerte
La inversión en obras de integración sociourbana es fundamental para garantizar que millones de personas puedan vivir con mayor dignidad, accediendo a condiciones básicas de seguridad, salud y bienestar. Al mismo tiempo, representa una política pública que fortalece el entramado comunitario y brinda respuestas concretas a las desigualdades más urgentes.
Desde su creación y hasta el desfinanciamiento de su mecanismo principal (FISU), se desarrollaron más de 1.270 obras de integración en todo el país, se generaron 23.900 lotes con servicios, más de 250.000 mujeres ampliaron o mejoraron sus viviendas con Mi Pieza y 850.000 familias recibieron su Certificado de Vivienda Familiar. En total, estas políticas alcanzaron a 1,3 millones de personas, con una inversión social de 308 mil millones de pesos.
Si bien el esfuerzo es significativo frente a la magnitud de la problemática, la etapa que viene exige mecanismos de transparencia, fuentes público-privadas de financiamiento, mayor participación ciudadana y la garantía de sostener una política de integración social y urbana cada vez más efectiva.